Revista Poder Popular

Recientemente, el Gobierno Nacional decidió decretar un incremento cercano al 23% del salario mínimo legal vigente. Este hecho, de enorme trascendencia para la clase trabajadora, debe leerse en perspectiva histórica y regional. En países que atravesaron ciclos progresistas —como México, Brasil o Uruguay— los aumentos acumulados del salario mínimo durante esos periodos superaron con frecuencia el 150% nominal e incluso alcanzaron crecimientos reales significativos, acompañados de reducciones de pobreza y fortalecimiento del mercado interno. En México, por ejemplo, entre 2018 y 2024 el salario mínimo pasó de poco más de 88 pesos a cerca de 249 pesos diarios, sin que ello derivara en una espiral inflacionaria incontrolable; en Brasil, durante los años de mayor expansión social, el salario mínimo real creció en torno al 70%, al tiempo que millones de personas ingresaban al consumo formal. Colombia, en contraste, llegando al presente, no había alcanzado aún incrementos reales de esa magnitud y, en largos periodos, el salario mínimo permaneció rezagado frente al costo de vida, a pesar de que los niveles de productividad del país no justificaban una remuneración tan baja de la fuerza de trabajo.

El aumento actual representa, por lo tanto, un acercamiento entre el salario nominal y el salario real, en el sentido planteado por Marx. El salario nominal es la suma de dinero que permite al trabajador reproducir su fuerza de trabajo y regresar al día siguiente a la fábrica, a la oficina o al servicio; el salario real, en cambio, corresponde al costo efectivo de la vida, a la canasta de bienes y servicios necesarios para vivir con dignidad. Durante varios años, la inflación en alimentos superó en ciertos momentos el 12% e incluso el 15% anual, mientras la informalidad en ciudades principales se mantenía por encima del 50%, y los hogares debían complementar su ingreso mediante endeudamiento, destinando una proporción creciente de sus ingresos al crédito de consumo y a las tarjetas bancarias. En ese contexto, el aumento del salario mínimo no constituye una concesión extraordinaria, sino la corrección parcial de una brecha estructural entre el ingreso laboral y el costo real de existencia.

Una vez anunciado el decreto, las élites económicas reaccionaron con vehemencia, alegando que el país se tornaría “inviable”, que el empleo se destruiría y que la inflación se dispararía. Esa protesta casi instintiva confirma, sin embargo, la tesis marxista más elemental: la ganancia capitalista descansa en la apropiación privada del trabajo ajeno. Cuando los empresarios afirman que un aumento salarial afecta sus utilidades, lo que revelan no es una fragilidad económica del país, sino la dependencia de sus tasas de ganancia respecto del mantenimiento de salarios bajos. Sectores económicos que han registrado utilidades millonarias —algunas superiores a los quinientos mil millones o incluso al billón de pesos en determinados ejercicios— insisten en que no pueden asumir un ajuste que, en realidad, sólo reduce marginalmente su margen de rentabilidad sin poner en riesgo su operación ni su sostenibilidad empresarial. No se está discutiendo aquí la supresión de la plusvalía, ni la naturaleza del régimen de propiedad, sino algo mucho más básico: que el trabajador reciba un salario que cubra efectivamente el costo de la vida.

El argumento inflacionario es tal vez el más reiterado. Sin embargo, no existe una relación automática entre aumento salarial e inflación generalizada. Una parte del encarecimiento de los precios responde, en realidad, a la especulación de sectores empresariales que trasladan oportunistamente el incremento de la nómina al precio final de los bienes, aun cuando mantienen márgenes de ganancia elevados. Otra parte obedece a mecanismos de indexación que no involucran a toda la economía, sino a rubros específicos. El caso de la vivienda de interés social es ilustrativo: al estar atada al salario mínimo, un inmueble que costaba alrededor de doscientos millones puede llegar a valorarse en más de doscientos cuarenta millones tras el ajuste, lo cual encarece el acceso para los hogares trabajadores. La decisión de retirar esa indexación —como lo ha señalado el Ministerio de Hacienda— no sólo es fiscalmente sensata, sino socialmente justa, pues impide que el salario se convierta en excusa para nuevos procesos de encarecimiento.

Ahora bien, para Marx el precio de las mercancías está relacionado con el tiempo socialmente necesario para su producción. En un país cuya estructura económica ha sido históricamente dependiente y poco industrializada, ese tiempo de producción tiende a ser mayor y la productividad, por tanto, menor. Colombia ha privilegiado durante décadas un modelo extractivo centrado en petróleo, carbón y recursos naturales, con escasa transferencia tecnológica y débiles encadenamientos industriales; mientras sectores como el café, las flores, algunos textiles, el turismo o los bienes y servicios han mostrado crecimiento, lo han hecho sin una política robusta de valor agregado que permita elevar consistentemente la productividad. La respuesta empresarial predominante ha sido, una y otra vez, la misma: reducir costos laborales, flexibilizar derechos, abaratar el trabajo, en lugar de invertir en innovación y modernización productiva.

Lamentarse del aumento salarial equivale, así, a reconocer que la riqueza es producida por el trabajo y no por la especulación financiera ni por la retórica de los gremios. Las empresas no son instituciones de caridad; su finalidad es la acumulación de capital. Pero la principal fuente de consumo del mercado interno es, paradójicamente, el propio trabajador. He aquí una de las contradicciones dialécticas más profundas del capitalismo: el capitalista tiende a reducir el salario para aumentar su tasa de ganancia, mientras que la venta de sus mercancías depende de la capacidad de consumo de la misma clase trabajadora. Durante las últimas décadas, el neoliberalismo resolvió esa tensión —aunque sólo de manera transitoria— mediante el endeudamiento masivo: el crédito y las tarjetas sustituyeron al salario real como motor del consumo, a costa de hipotecar ingresos futuros y erosionar el poder adquisitivo de los hogares. El resultado ha sido la fragilización del mercado interno y la recurrencia de crisis más frecuentes.

La tarea, entonces, no consiste en preservar salarios bajos, sino en construir un acuerdo democrático que vincule justicia social y productividad. Si el empresariado colombiano está realmente interesado en sostener su tasa de ganancia en el largo plazo, debe elevar la productividad por la vía de la inversión tecnológica, la mejora de procesos, la formación del trabajo y el valor agregado de los sectores estratégicos. Cada hora de trabajo debe generar más bienes y más servicios, reduciendo costos de producción no a expensas del trabajador, sino mediante eficiencia y transformación productiva. Esa combinación —mayor salario real y mayor productividad— fortalece el mercado interno, acelera la circulación de mercancías y permite transitar hacia una economía que crece no sobre la pobreza salarial, sino sobre la ampliación de derechos y el bienestar social.

En este horizonte se inscribe la perspectiva que el presidente Gustavo Petro ha denominado Potencia Mundial de la Vida: un modelo que priorice sectores económica y ecológicamente sostenibles, que democratice el ingreso y que distribuya de manera más justa la riqueza socialmente producida. La tarea histórica del cambio que hoy impulsa la mayoría social en Colombia pasa, en primer lugar, por profundizar la unidad y la cohesión de las fuerzas democráticas para conquistar victorias políticas y electorales que consoliden este rumbo; y, en segundo lugar, por convocar a todas las fuerzas progresistas dispuestas a construir un país donde el salario real, la dignidad del trabajo y la justicia social sean el centro del proyecto nacional. Será el pueblo colombiano —esa mayoría que produce la riqueza— quien decida, en este momento decisivo, si avanzamos hacia la redistribución del ingreso y el fortalecimiento del mercado interno, o si prevalece nuevamente la estrecha voluntad de unas élites que, como en tiempos de Marx, siguen negándose a reconocer los límites de su propio poder.